La Asociación de Diplomáticos de Carrera en Retiro (ADICARE) une su voz a la de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA) y las opiniones de excancilleres y personalidades vinculadas a la Política Exterior de Chile para lamentar la supresión del ítem presupuestario que financia el derecho a la Asignación de Escolaridad para los hijos de los funcionarios del Servicio Exterior de la República que se encuentran cumpliendo funciones en el extranjero.
Este derecho, adquirido en 1997, permite a los profesionales de la diplomacia nacional cubrir los costos de educación de sus hijos cuando se encuentran destinados fuera de Chile -esto es, en las circunstancias propias de su profesión, que discurre en ciclos de cinco años de destino en el exterior y dos en Chile.
La Asignación de Escolaridad contribuye a asumir costos de educación muy elevados en colegios -por lo general particulares- que atienden a una población extranjera que no habla idiomas locales: no estamos hablando de establecimientos educacionales en países de habla hispana. Asimismo, la rotación propia de la carrera diplomática impone a nuestros hijos el adaptarse a entornos lingüísticos y culturales diversos, por lo que -para dar continuidad a sus estudios- se los suele matricular en colegios con planes de estudio compatibles, usualmente en inglés o francés. Los mismos, como es fácil de constatar en sus equivalentes nacionales, cobran matrículas singularmente elevadas y se accede a ellos pagando altas cuotas de incorporación.
Subrayamos que la Asignación de Escolaridad no es un privilegio, sino la respuesta del Estado al derecho a la educación que corresponde a los hijos de los profesionales del Servicio Exterior en su condición de ciudadanos chilenos. Mas aún, la Constitución Política de la República, al disponer que la familia es la base de la sociedad le brinda un estatuto protegido, imponiendo al Estado la obligación de resguardarlo y asegurar su fortalecimiento. Imposibilitar el derecho a la Asignación de Escolaridad vulnera este precepto constitucional, al impedir que la familia de los miembros del Servicio Exterior funcione conforme al principio que la Carta Magna establece. 2 Lo anterior ha sido entendido por seis gobiernos consecutivos y el Congreso Nacional desde 1997 hasta ahora.
Por las razones expuestas, cordial y respetuosamente llamamos al Ejecutivo y al Congreso a reponer esta partida presupuestaria. Asimismo, exhortamos a la opinión pública a desestimar caricaturas distorsionadas sobre nuestra profesión. El Servicio Exterior defiende y promueve los intereses de la nación con entrega y sacrificio: los diplomáticos de carrera también tenemos nuestro panteón de mártires, que dieron su vida sirviendo a la República.
Tal sacrificio se extiende a nuestras familias, que deben transitar el mundo y sus desafíos acompañándonos pese a que no son ellos o ellas funcionarios públicos. Esperamos que en esta materia prevalezcan la justicia y el sentido común.
