Brasil y las cuerdas separadas con EE.UU.

Murilo de Aragão escribió recientemente en su columna en la revista Veja que “la crisis entre Estados Unidos y Brasil no terminará tan pronto” y dejará secuelas graves en ambos países.

Contrasta esta situación con la asumida por los europeos ante Washington. La UE alcanzó a fines de julio un acuerdo político cuyos detalles se dieron a conocer el 22 de agosto en una Declaración Conjunta. Aún quedan temas abiertos en el campo digital (compra de chips para IA; directivas de mercados, servicios e impuestos digitales); telecomunicaciones (aranceles por el uso de redes); reforma aduanera (consulta a EE.UU.) y otros. No obstante, el acuerdo se encuentra en la fase de redacción para ser discutido, a continuación, en el Senado norteamericano y en el Parlamento y el Consejo Europeo. Todo lo contrario ocurre con Brasil, donde la priorización de consideraciones ideológicas y cálculos nacionalistas del Presidente Lula tiene la situación bastante paralizada y ya causa perjuicios a su economía, sin seguridad alguna sobre sus réditos políticos futuros.

La Comisión Europea enfrentará, a no dudarlo, una fuerte oposición por las concesiones hechas, pero habrá evitado una dolorosa colisión. Han sido pragmáticos hasta ahora y, a veces, incluso sumisos. Sin embargo, han logrado cierto grado de confianza ante la primera potencia mundial. Por el contrario, Brasil ha dicho que no va a entrar en negociaciones directas a nivel presidencial y se niega a usar herramientas políticas legales con acceso al centro del poder norteamericano, como lobbies, gobernadores y parlamentarios afectados por el encarecimiento de los productos brasileños, o think tanks relacionados con comercio y política exterior. Sin embargo, hay que matizar. Esta posición irreductible, poco pragmática, tiene dos caras: el plano político y el plano económico.

En lo político, la separación e irritación han sido visibles estos días en Brasilia y Washington:

• Esta semana, EE.UU. revocó la visa del Ministro de Justicia de Lula, Ricardo Lewandowski, ex ministro del Tribunal Supremo de Justicia (STF), muy próximo al juez Alexandre de Morães. La medida sigue a otra similar aplicada contra varios magistrados del STF y el empleo, contra varios de ellos, de la Ley Magnitsky (que sanciona a violadores de derechos humanos).

• A pedido de la Policía Federal y con la aprobación de la Procuraduría General de la República, el STF decretó una investigación contra el pastor Silas Malafaia, uno de los pilares del bolsonarismo evangélico. En Washington, la medida es leída como persecución religiosa, tema muy sensible en el Congreso norteamericano.

• Varios ministros del STF afirmaron que los bancos no podrán cerrar las cuentas de los magistrados sancionados por EE.UU., colocándolos en un complejo dilema: autonomía institucional bancaria ante presiones externas, o ser objeto de sanciones norteamericanas.

• Con apoyo del gobierno, se han realizado diversas manifestaciones con la quema de efigies de Trump que resaltan la exacerbación del espíritu nacionalista con fines políticos.

• Hace pocas horas el Ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, se reunió por segunda vez en una semana con el Canciller de la dictadura venezolana para, supuestamente, hablar sobre los aranceles aplicados por Washington, aunque todos saben que el tema ha sido la posición y eventual apoyo del gobierno de Lula a Caracas en caso de un ataque norteamericano al cartel norteamericano de los soles, con sede en el palacio de Miraflores.

• Brasil rechazó el nombre del nuevo embajador israelí, país aliado de Washington, reduciendo el ya bajo nivel de relaciones entre ambos. La situación contrasta con el destacado e imprudente alineamiento que existió con Israel durante la administración de Bolsonaro.

En el campo económico, las reacciones de Brasil han sido más moderadas, firmes, pero concordantes con una estrategia de separar las dos esferas:

• Han llevado el caso a la Organización Mundial de Comercio, iniciando la Consulta Formal (proceso de solución de diferencias a través del diálogo diplomático).

• El Ministro de Economía anunció que impugnará en los tribunales norteamericanos los aranceles aplicados a Brasil, buscando un arreglo judicial.

• Sólo si las negociaciones en estas instancias fallaran aplicarían la reciprocidad de aranceles, amparados en la ley respectiva recientemente aprobada.

• Activaron sus contactos con los BRICS para coordinar respuestas al tema arancelario.

• Se han embarcado en una agresiva estrategia de diversificación de exportaciones.

• Lanzaron el plan “Brasil Soberano”, que se aplicará desde el 4 de septiembre, por el que entregarán US$ 5,5 mil millones para apoyar a las empresas afectadas por los aranceles a través de créditos, aplazamiento del pago de impuestos, expansión de cobertura de seguros para pedidos cancelados, y otras medidas.

• Anunciaron planes para estimular la demanda local. Esto incluye la compra de productos afectados por los aranceles para su consumo en escuelas o en la construcción de inventarios.

Es cierto. La crisis no terminará pronto, pero una manera de acortar plazos es que EE.UU. -si quiere mantener una alianza con el principal país sudamericano, potencia en el Atlántico Sur y socio estratégico en el campo militar- admita que la soberanía judicial no es negociable en democracia. No puede pretender políticamente que la moneda de cambio pase por la absolución judicial del ex Presidente Bolsonaro. Para cualquier país eso sería intolerable, aunque haya razones para condenar una eventual persecución judicial. Todo lo demás es negociable. A partir del 2 de septiembre se celebrarán las vistas para dictar sentencia en el caso. A su término sabremos si el Poder Judicial ayudará a reconducir las relaciones entre ambos países, o no.

Mientras tanto, sigue abierto un canal negociador, de bajo perfil, a cargo del Vicepresidente y Ministro de Comercio, Geraldo Alckmin, que busca aplicar al caso una estrategia que, en su núcleo, aparta las fricciones políticas de los temas económicos. Ayuda también que un sector del bolsonarismo, que antes justificaba los aranceles de Trump reclame ahora, a través del poderoso gobernador de São Paulo, que se pueden hacer algunas concesiones a EE.UU. por el bien de Brasil, como dejar de comprar combustible a Rusia o suavizar temas sensibles a Washington en los BRICS. Igualmente, el sector privado, incluyendo el financiero, está activando sus redes en los círculos próximos a la Casa Blanca. El propio Lula dijo ayer que, si Trump quiere, “Lulinha paz y amor está de vuelta. Yo no quiero una guerra con Estados Unidos. Quiero negociar”.

Estos signos apuntan a una solución pragmática donde la clave será cómo salvar la cara. Brasil ocupa para ello la denostada política de “cuerdas separadas”, que el ex Presidente Piñera aplicó respecto a Perú, que es lo razonable. De otro modo, por la vía del enfrentamiento heroico e inútil, Brasil proyectará fragilidad institucional que impactará sobre la inversión y el empleo; afectará a sectores exportadores como maquinarias, calzados, textiles, productos agrícolas, celulosa; generará una irreparable pérdida de competitividad si otros se hacen cargo de las cadenas de valor en EE.UU. que hoy ellos ocupan; y su PIB disminuirá este año entre un 0,3 y 0,4%.

Es decir, como decía Murillo al principio, si esto no acaba en septiembre, dejará secuelas graves sobre el ambiente de confianza que debiera existir entre socios, sobre el clima de inversión y, sobre todo, sobre el empleo. Esto último tiene, sin duda, consecuencias electorales.