Pasado mañana tendrá lugar en La Moneda la Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”, a la que asistirán los mandatarios “progresistas” de Uruguay, Brasil, Colombia y España. Según el comunicado, buscan “avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social”. Agregan que las propuestas que salgan del encuentro se presentarán y desarrollarán durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre. Esta reunión de trabajo, que crea una “nueva alianza”, tendrá tres ejes: “el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, la reducción de las desigualdades, y la lucha contra la desinformación, así como la regulación de tecnologías emergentes”.
La conferencia nace de una iniciativa lanzada en el curso de la 79a. Asamblea General de la ONU, en 2024, liderada por Brasil y España y viene preparándose desde febrero de este año. Pretende hacer frente a “los desafíos desencadenados de un contexto de alta fragmentación y polarización política, profundización de la desigualdad y proliferación de la desinformación”.
No veo que los objetivos que oficialmente persigue esta convocatoria sean patrimonio de un sector ideológico, o que las posiciones ante la próxima Asamblea General sean imposibles de coordinar por vía virtual. ¿Quién puede estar contra el multilateralismo, la democracia y la cooperación global? Por ese lado, no hallo razones para excluir de la misma a Ecuador, Perú o Paraguay.
Lo que justificaría este despliegue de recursos y desplazamientos para una reunión que, se dice, va a durar cuatro horas, es crear “una nueva alianza” y que cada uno de estos conceptos se aborde desde un enfoque ideológico. Lo que se buscaría es, más bien, una coordinación política lejos de los oídos de los países occidentales y de las grandes democracias liberales. Pienso que más que defensa del multilateralismo, pretenden afianzar su interpretación de la llamada Agenda 2030 de Naciones Unidas de la mano de la burocracia internacional y, por qué no, prepararle el terreno en algún organismo a Gabriel Boric cuando acabe su mandato, o lanzar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. No sería raro que la campaña contra la desinformación esconda una estrategia para la coacción de la libertad de expresión, restringiendo el uso de redes sociales que serían las responsables de la polarización (debido a su uso por grupos de derecha), o cuestionando la propiedad de los medios. Se justifica así la exclusión de otros porque, presumo, los confabulados buscan acercar posiciones hacia los BRICS, o presentar un frente común en la próxima Asamblea General que implique alianzas funcionales junto a otros países anti-occidentales.
Tampoco me extrañaría que la ocasión se preste para darle un respaldo a Lula ante la insensata carta que le dirigió Trump hace unos días, donde amenazaba a Brasil con la imposición de aranceles absurdos basándose, principalmente, en una persecución política a Jair Bolsonaro. No sería raro que Petro busque el apoyo de los demás para los acuerdos adoptados esta semana en Bogotá, por el Grupo de La Haya (Bolivia, Colombia, Honduras, Cuba, Malasia, Namibia y Sudáfrica), sobre los “actos genocidas” de Israel en Gaza y otros territorios palestinos. No se puede excluir que aborden con franqueza lo que deben hacer colectivamente para frenar el ascenso de la derecha o centroderecha en nuestros países y, eventualmente, respaldar la candidatura de Jeannette Jara.
En este marco, es indigno que se use el Palacio de La Moneda, máximo símbolo del Poder Ejecutivo, que representa a todos los chilenos y no al ocupante de turno y sus ideas, para una reunión cuyos resultados seguramente producirán divisiones entre nosotros por su contenido ideológico. No veo claro que los resultados de esta Cumbre conduzcan a acrecentar el patrimonio de una política exterior de Estado, que nos enorgullece. Presiento, por el contrario, que esta convocatoria es imprudente, porque seguramente va a ser percibida como hostil desde Washington a pocos días de que se impongan aranceles sobre el cobre y en medio de negociaciones que aún no llegan a puerto. Chile ha hecho demasiados gestos de lealtad a Lula (que no es lo mismo que Brasil) para que siga sometiéndose a sus objetivos.
No veo qué ganamos sumándonos a una pléyade de estrellas declinantes en sus países. Antes de la humillante carta de Trump, Lula era cuestionado ampliamente en Brasil. Un lógico fervor nacionalista despertó después de conocida, pero cuenta mucho más la realidad del ciudadano brasileño agobiado por la inflación, los intereses, la corrupción, la criminalidad y desinteresado por la consigna. El colombiano Gustavo Petro, con casi tres años de mandato, tenía en junio un índice de reprobación de un 64%, y una aprobación de un 29%. Al ciudadano de ese país le interesa el acceso a la salud, la inseguridad, el desempleo. No aparece como prioridad allí el “regular las tecnologías emergentes”, sector donde es necesario en cualquier caso la adaptación, no regularlas.
Pedro Sánchez, el Presidente del Gobierno español, vive seguramente sus últimas semanas acosado por casos de corrupción en su entorno inmediato. El país no aguanta un caso más de deshonestidad en el PSOE y las indagaciones están lejos de acabar. A esta, se agregan las presiones de catalanes y vascos por mayor autonomía fiscal a cambio de votos para darle oxígeno a la Legislatura; las de la izquierda por mayor gasto social y reducción de jornadas laborales, a cambio de un puñado de escaños; las de la OTAN, por el incremento de gastos de defensa, claramente insuficientes; o la del estallido social en Murcia, que refleja una realidad acuciante en otros lados.
El Presidente Orsi de Uruguay es el único que no enfrenta serios problemas internos y tiene un mandato por delante. Sin embargo, en su entorno se preguntan qué hacen en ese grupo y hasta cuándo van a ser objeto de las manipulaciones de Lula y su Asesor Internacional.
La reunión del lunes es bien distinta de aquella que promovió el Presidente Piñera con el Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR). Entonces, había fracasado UNASUR, el foro de integración sudamericano, en gran medida por la cuestión venezolana. Es cierto que el momento coincidía con el predominio en la región de gobiernos de centroderecha. No obstante, se incorporaron a PROSUR, Guyana y Surinam que no adscribían a ese pensamiento. Para este Foro, la consolidación de la dictadura venezolana era un desafío y una amenaza, y nos correspondía actuar regional y coordinadamente. Igualmente, debíamos combatir conjuntamente la creciente actuación del crimen organizado. La agenda estuvo siempre libre de prejuicios ideológicos. De hecho, a fines de julio de 2022 se señalaba que PROSUR “es un esquema de integración flexible, libre de ideologías y que promueve objetivos concretos a favor de la ciudadanía”.
Dicho foro fracasó porque el Brasil de Lula quería sumar a Venezuela a un nuevo esquema. Así llegamos al llamado Consenso de Brasilia en mayo de 2023, al que se integró Caracas de la mano de Lula y la aprobación tácita de los demás, con la prestigiosa participación del Presidente Boric, que en la ocasión cuestionó las palabras del dueño de casa que calificó la dictadura en Caracas como una “construcción narrativa”. El llamado Consenso aprobó una hoja de ruta de 17 “asuntos prioritarios”. Con otro nombre, creamos un mecanismo parecido al fracasado UNASUR.
Los tiempos del Gabriel Boric de Brasilia quedaron atrás y prefiere ahora someterse a las directrices de Planalto (¿convencido, o porque tuvo que pagar su atrevimiento?). Sin embargo, lo más preocupante es que el lunes la política exterior se pondrá al servicio de intereses ideológicos, lo que no corresponde a ni al interés de Chile, ni a las aspiraciones de los gobernados de los cinco países.
